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Bolivia-Ecuador: El Estado contra los pueblos indios – Por Raúl Zibechi

“Son gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento.
Esta gente ya tiene la pancita bien llena”, dijo el presidente de Ecuador, Rafael Correa,
al referirse a los manifestantes que pertenecen a la Confederación de Nacionalidad
Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1]. Evo Morales dijo casi lo mismo: “Como la derecha no
encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos
dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de
algunas ONG”[2].

Al parecer los presidentes de ambos países pasaron por alto que están usando los mismos
argumentos de sus enemigos, cuando acusaban a los movimientos sociales de formar parte de
la “subversión comunista internacional” o de estar financiados por el “oro de Moscú”. Dos
errores en uno: creer que los indios pueden ser manipulados, y que lo son desde fuera del
país. No es extraño que hayan sentido las afirmaciones de sus presidentes como agravios
que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas.

Puede ser cierto, como afirmó el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, que la
agencia de cooperación de Estados Unidos, USAID, está infiltrando algunos movimientos
sociales para que se manifiesten contra el gobierno. Aseguró que de 100 millones de
dólares que invierte USAID en su país, 20 se usan en gastos técnicos y el resto “para sus
amigotes, para su clientela política, patrocinando cursos, publicaciones y grupos que
promueven conflictos”[3].

Las organizaciones sociales involucradas rechazaron estar financiadas por USAID, pero lo
que más llama la atención es que se haga esa crítica justo en el momento en que realizan
movilizaciones contra el gobierno y no antes. El primer ministro de Hidrocarburos del
gobierno de Evo, fue más lejos y le recordó al presidente que debe explicar porqué
permitió que USAID, el Banco Mundial y ONGs europeas diseñaran el Estado Plurinacional
vigente. En efecto, “USAID financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea
Constituyente”, además de otras actividades oficiales[4].

La marcha indígena en Bolivia

El 17 de junio se concentraron centenares de indígenas de tierras bajas en Trinidad,
capital del departamento del Beni, a unas cinco horas de Santa Cruz de la Sierra. Su
intención era realizar una marcha de 1.500 kilómetros a pie hasta La Paz, ascendiendo
desde las regiones selváticas hasta los cuatro mil metros. La Confederación de los
Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que reúne a 34 naciones del oriente  organizados en
once regionales[5], convocó a los marchistas siendo apoyados por el Consejo Nacional de
Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el
Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente, y hasta ahora eran un sólido apoyo al
gobierno de Evo Morales. Las otras tres, la poderosa Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Comunidades Originarias de
Bolivia (CSCB) y la Federación de Mujeres de Bolivia Bartolina Sisa, siguen apoyando al
gobierno.

Desde principios de año la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías, Carlos
Romero, la Ley Marco de Autonomías llegando al consenso en 50 artículos mientras en otros
trece había diferencias[6]. Los puntos en desacuerdo fueron básicamente dos: los pueblos
indígenas reclamaban que los acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el
Estado exige referéndum. El segundo se refiere a los territorios indígenas que traspasan
los límites departamentales, ya que los pueblos piden que las autonomías traspasen esos
límites.

En el fondo se trata de una cuestión de soberanía: los pueblos de tierras bajas exigen
que las comunidades tengan capacidad de vetar los emprendimientos que afecten a sus
territorios, en particular las concesiones mineras e hidrocarburíferas, y que los
asientos en la Asamblea Plurinacional se eleven de siete a 18. Iniciada la marcha el
gobierno decidió negociar por separado con algunas regionales de CIDOB para dividir al
movimiento. Por ese motivo, la marcha que partió de Trinidad el 22 de junio se detuvo
días después en Asunción de Guarayos, a 400 kilómetros de Santa Cruz, donde una
delegación oficial llegó a un acuerdo de ocho puntos con CIDOB[7].

La segunda estrategia del gobierno fue lanzar indios contra indios. Evo Morales acudió a
una asamblea de los seis sindicatos de cocaleros que repudiaron la marcha de CIDOB y se
mostraron dispuestos a impedirla[8]. El ex vocero del gobierno, Alex Contreras
Baspineiro, apuntó que “antes de encontrar una solución pacífica y concertada, el
gobierno comenzó una campaña mediática millonaria para tratar de desacreditar la
movilización indígena[9]. “En cinco años de gobierno, nunca se había visto este tipo de
división y menos las amenazas de enfrentamiento”, agregó.

La tercera fue la difamación, al acusarlos de estar financiados por USAID. Por eso el
presidente de CIDB, Adolfo Chávez, no sólo rechazó la acusación y recordó que los
marchistas tienen problemas de alimentación y medicamentos, sino que desafió al gobierno:
“Retamos al gobierno a que expulse del país a la USAID y veremos quienes son los
afectados”[10].

Contreras es un reconocido periodista social boliviano que acompañó la I Marcha Por el
Territorio y la Dignidad, en 1990, que supuso el comienzo de la recomposición de los
movimientos en pleno período neoliberal. Por su compromiso y su especial cobertura de las
marchas indígenas fue homenajeado por los principales medios del país. En esa marcha que
se inició también en Trinidad conoció a Pedro Nuni, representante del pueblo mojeño y
ahora diputado del MAS, quien le dijo que “algunos ministros del gobierno indígena nos
están haciendo enfrentar a indígenas contra indígenas”[11].

Uno de los resultados de la marcha es que el gobierno perdió su mayoría de dos tercios en
el parlamento (111 votos sobre 166), ya que ocho diputados indígenas decidieron alejarse
del MAS (Movimiento al Socialismo). En suma, Contreras cree que si el gobierno persiste
en no negociar puede estar en peligro la propia gobernabilidad del país. Por eso cree que
no hace falta “un enfrentamiento entre organizaciones indígenas, ni la satanización de
algunos dirigentes”, sino sobre todo negociar y “rescatar un pilar de este proceso de
cambio: la cultura de la vida, de la paz, del diálogo y la concertación social”[12].

Sin embargo, el gobierno rechazó las principales demandas de la CIDOB, argumentando que
si lo hiciera violaría la Constitución. El ministro Romero argumentó que algunas de esas
demandan “no respetan los derechos de todos los bolivianos”, porque sólo benefician a ese
sector, y que no se les puede dar a los pueblos mayor representación que el porcentaje de
población que representan en el país[13]

La CONAIE contra Correa

El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), uno de cuyos temas centrales fue la cuestión de la
plurinacionalidad. La reunión de los ochos presidentes se realizó en Otavalo, unos 60
kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema que se
iba a debatir, las organizaciones indígenas no fueron invitadas. Por eso la CONAIE
decidió instalar en la misma ciudad su Parlamento Plurinacional, para denunciar que no
puede haber plurinacionalidad sin los indígenas.

Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y
bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, y a la vez recordaban el 20
aniversario del primer levantamiento indio, que comenzó el proceso de movilizaciones que
finalmente llevó a Rafael Correa a la presidencia. La cumbre estaba protegida por
policías a caballo que se espantaron al llegar los manifestantes, que alcanzaron la
puerta del recinto para entregar una carta a su “hermano” Evo Morales.

Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las
empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y
levantamientos[14]. El conflicto entre la CONAIE y el gobierno no es nuevo, aunque ahora
adquiere un tinte más grave por las acusaciones de la justicia contra los dirigentes. Al
día siguiente de la cumbre, la fiscalía de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo,
inició una indagatoria contra las organizaciones indígenas.

En la misma se dice que “un grupo de ciudadanos de raza indígena” rompió el cerco
policial donde se reunía la ALBA “gritando consignas que atentan contra la seguridad del
orden público” y que el principal daño fue que a un policía le “sustraen las esposas”.
Con ese fundamento se acusa a los dirigentes de CONAIE y Ecuarunari (la organización
quichua de la sierra) nada menos que de “sabotaje y terrorismo”[15]. Se trata de una
acusación de extrema gravedad que busca intimidar a los dirigentes.

Según el abogado y profesor universitario Mario Melo, el problema de fondo es que la
presencia de la CONAIE fuera del recinto donde se reunían los presidentes “evidenció ante
la opinión pública nacional e internacional que las organizaciones representativas de las
nacionalidades y pueblos del Ecuador están siendo excluidas de la definición de políticas
públicas que les competen”[16]. Por eso se produce una respuesta política disfrazada de
acción jurídica, para “amedrentar y desmovilizar” a los movimientos.

Los dirigentes indígenas respondieron al desafío. Marlon Santi, presidente de la CONAIE,
se presentó ante la fiscal para conocer los cargos y dar su versión. El 5 de julio un
comunicado conjunto de Ecuarunari y CONAIE señala que las acusaciones de terrorismo
carecen de fundamento jurídico y que se trata de “una persecución política al movimiento
indígena y a los dirigentes por el simple hecho de discrepar con las políticas del
gobierno”[17].

El comunicado recuerda que el artículo 98 de la nueva Constitución reconoce el “derecho a
la resistencia” cuando estén amenazados los derechos. Y finaliza con una frase que
anticipa más confrontaciones: “Los procesos judiciales contra los dirigentes no hacen
otra cosa que evidenciar la bajeza de espíritu de los gobernantes y una grave amenaza
para la democracia y la paz de los y las ecuatorianas”.

Pérez Guartambel, presidente de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay
(Cuenca), también fue acusado de sabotaje y terrorismo a raíz de una masiva protesta en
su pueblo, Tarqui, el 4 de mayo. El Frente de Mujeres Defensa de la Pachamama, por su
parte, formula denuncias similares. Todo indica que el proceso que se vive en Ecuador
implica una ruptura profunda entre movimientos y gobierno, cuestión que en Bolivia no ha
llegado tan lejos.

Hay un abismo que los separa, cuya línea divisoria es el proyecto de país y el denominado
“desarrollo”. Correa está convencido que la mayor amenaza a su proyecto, que denomina
“Socialismo del siglo XXI, viene de lo que él denomina la izquierda “infantil” y grupos
ambientalistas e indígenas que, dice, rechazan la modernidad. Por eso critica al que “le
dice no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es
como un mendigo sentado en un saco de oro”[18].

El Estado Plurinacional en cuestión

Los procesos políticos y sociales en los dos países son como dos gotas de agua. Ambos
aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas
encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares
urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están
resistiendo a “sus” gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el
extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar
hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento.

La FEJUVE (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), una de las más importantes
organizaciones sociales de Bolivia, emitió un duro documento, el Manifiesto Político del
XVI Congreso Ordinario[19]. Dice que “pese a tener un presidente indígena como es Evo
Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” ya que “sigue manteniendo
el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”. Asegura que el pueblo
pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado
racial y culturalmente”.

Más grave aún. “El gobierno del MAS, luego de asumir el mando, sólo ha utilizado a los
pueblos indígenas y sectores populares para sus campañas políticas, pero éstos siguen
siendo excluidos de las decisiones políticas y son utilizados solamente por el gobierno
para legitimarse y encaramarse en el poder”. Además exige que el gobierno no se entrometa
en las organizaciones sociales, que haya un cambio en la conducta del vicepresidente
Alvaro García Linera y su entorno, que define como “enemigos de la clase campesina e
indígena”, y apoya la marcha de los pueblos de oriente.

El tono y el contenido son muy fuertes. La FEJUVE no es cualquier organización, sino una
de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de
Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de
Evo. En Ecuador, la CONAIE es también muy importante, fue la protagonista de una decena
de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas
organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en
ellas.

En el fondo, están naciendo las primeras grietas en el Estado Plurinacional, un edifico
que aún no se ha terminado de construir. ¿Porqué surgen esas grietas? Porque hay una
potente disputa de poder, ya que los pueblos originarios no tienen porqué aceptar el
marco del Estado-nación, que es a lo que se remite el Estado Plurinacional. En este punto
aparecen dos miradas que intentan dar cuenta de los procesos en curso.

Alberto Acosta, economista ecuatoriano y ex presidente de la Asamblea Constituyente,
estima que se atraviesa el proceso de aprobar las leyes que aterricen el texto en la vida
cotidiana. Si eso no se hace, la Constitución por más avanzada que sea queda en nada. El
problema es que el presidente Correa cree que las leyes de agua y comunicación no son
importantes, lo que para Acosta es tanto como decir que “la Constitución no es
fundamental ni prioritaria”. Se pregunta: ¿Será acaso que la Constitución comienza a
convertirse en camisa de fuerza para el presidente Correa?”[20].

Cree que la oposición de derecha, que se opuso a la Constitución, está obstaculizando
cada ley para impedir cualquier avance. Por otro lado, “la manera de gobernar de Correa,
que es un liderazgo atropellador en esencia, no da espacio para el debate”. La conclusión
es que la Constitución que iba a refundar el país, “está atada a un manejo político que
no garantiza su plena vigencia”. La sociedad no la defiende, pero desde el gobierno “hay
una suerte de contrarrevolución legal”.

El escritor y filósofo boliviano Rafael Bautista sostiene que refundar el Estado en
Bolivia sin potenciar las naciones originarias es no cambiar nada o “pura cosmetología”.
Pero si no hay refundación, o sea descolonización, “lo que acontece es una pura
recomposición del carácter señorial del Estado”[21]. En suma, más Estado colonial
asentado en la creencia de la superioridad sobre los indios que se perpetúa en el Estado
Plurinacional, porque es un modelo que en los hechos no ha sufrido modificaciones.

Bautista dice que “el cambio ya no consiste en una transformación de los contenidos del
nuevo Estado”, sino en “una adecuación subordinada de lo plurinacional a las necesidades
funcionales de la institucionalidad estatal”. Esto es, precisamente, lo que revela la
marcha: el sentimiento de superioridad sobre los indios (son manipulados, no actúan por
ellos mismos, dice el gobierno) y la imposibilidad de que el Estado deje de estar
“arriba” y en el centro.

La esencia de lo plurinacional pasa por una ampliación del ámbito de decisiones, una
ampliación del poder. “Lo plurinacional no quiere decir suma cuantitativa de los actores,
sino el modo cualitativo de ejercer la decisión: somos efectivamente plurales cuando
ampliamos el ámbito de decisión”. Y eso es lo que no sucede, por eso Bautista dice que el
gobierno actual “manda mandando, no manda obedeciendo”.

El gobierno no traspasa poderes a los pueblos originarios sino que los desconcentra entre
gobernaciones y alcaldías, o sea reproduce la lógica de los privilegios porque desde la
Colonia esos son los espacios de las elites locales. La marcha está mostrando una
renuncia a transformar el Estado para limitarse a mejorar su performance, lo que se
implica “la actualización de la paradoja señorial”, concluye Bautista. La marcha indígena
no hace más que mostrar la desnudez de la proclamada descolonización del Estado.

Los pueblos originarios, que crearon las nuevas condiciones para su libertad, no van a
seguir tolerando la marginación política. Saben que los Estados necesitan explotar los
recursos naturales para pagar sus cuentas. Pero también saben que esa lógica los conduce
a la destrucción. Por eso se han puesto en marcha: porque tuvieron la fuerza para frenar
el neoliberalismo y ahora no quieren perder la oportunidad.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e
investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América
Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe cada mes para el Programa de las
Américas (www.cipamericas.org)

Recursos

Alberto Acosta, “Rafael Correa nos invita a violar la Constitución”, diario Expreso,
Guayaquil, 26 de junio de 2010.

Alex Contreras Baspineiro, “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

Andrés Soliz Rada, “Evo y Usaid”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

FEJUVE El Alto, “Manifiesto político del XVI Congreso Ordinario”, 27 de junio de 2010.

“Lucha Indígena” No. 47, julio de 2010, Cuzco.

María José Rodríguez, “El iceberg tras las luchas por los recursos”, Bolpresss, 2 de
julio de 2010.

Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, Red de Comunicadores
Interculturales Bilingües del Ecuador, 1 de julio de 2010.

Patricia Molina, “Crónica d ela VII Marcha Indígena por la autonomía y ladignidad”,
Bolpress, 7 de julio de 23010.

Rafael Bautista, “Bolivia: ¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de
2010.

[1] Telesur TV, en www.telesurtv.net 25 de junio de 2010.

[2] “La mano de EE.UU. en el conflicto indígena”, en www.prensamercosur.com.ar 2 de julio
de 2010.

[3] La Jornada, 26 de junio de 2010.

[4] Andrés Soliz Rada, “Evo y USAID”, Bolpress, 3 de julio de 2010.

[5] Son mojeños, guaraníes, trinitarios, tacanas, izozeños, yukis, mosetenes, guarayos,
sirionós, y matacos entre otros.

[6] Patricia Molina en Bolpress, 7 de julio de 2010.

[7] “Detienen temporalmente la marcha indígena”, Bolpress, 7 de julio de 2010.

[8] Agencia Boliviana de Información (ABI) 5 de julio de 2010.

[9] “Indígenas contra indígenas”, ALAI, 29 de junio de 2010.

[10] Idem y agencias.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Agencia Boliviana de Información, 8 de julio de 2010.

[14] Ver “Ecuador: Se profundiza la guerra por los bienes comunes”, Programa de las
Américas, 19 de octubre de 2009.

[15] Mario Melo, “La justicia penal como arma de represión política”, 1 de julio,
www.redci.org

[16] Idem.

[17] “La ‘revolución ciudadana’ persigue a los dirigentes indígenas y sociales del país”,
CONAIE y Ecuarunari, 5 de julio de 2010.

[18] Agencia Reuters, 6 de julio de 2010.

[19] FEJUVE, 27 de junio de 2010 en www.alminuto.com.bo

[20] Entrevista a Alberto Acosta en Expreso, Guayaquil, 26 de junio de 2010.

[21] Rafael Bautista, “¿Qué manifiesta la marcha indígena?”, Bolpress, 30 de junio de
2010.

Para mayor información:

Pueblos Indígenas en Brasil: el desafío de la autonomía

http://www.cipamericas.org/es/archives/1774

Un año de la masacre de Bagua, nuevos actores frente a un Estado en crisis

http://www.cipamericas.org/es/archives/2523